El Gobierno aprueba el reparto de 268,5 millones de euros a las Comunidades Autónomas para impulsar políticas sociales

El Gobierno de España, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, da luz verde al reparto de fondos 268,5 millones de euros a las Comunidades Autónomas, provenientes de diferentes programas, todos ellos relacionados con el impulso de sus políticas sociales.

El programa más importante es el de ayudas con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los contribuyentes que marcan la casilla de Actividades de interés social, es decir, la “Xsolidaria” y que están destinadas a programas que desarrollan las entidades del Tercer Sector para ayudar a la población más vulnerable.

De este programa se han repartido hoy 192,7 millones de euros del tramo autonómico. El programa tiene, además de este tramo autonómico, un tramo estatal de 48,2 millones, que no está incluido en el reparto de hoy. En total, las ayudas del programa del IRPF son de 240,9 millones de euros, es decir, 6 millones más que en 2016.

Es la primera vez que los créditos del programa del 0,7% se reparten en un sistema de gestión mixto Estado-Comunidades Autónomas, pues hasta ahora los fondos eran repartidos íntegramente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a las entidades del Tercer Sector. El cambio de debe a necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero de 2017, que obliga al Estado a redefinir el marco regulador de estas subvenciones.

Así, a partir de este año, hay una gestión estatal de un 20% de los fondos, dirigida a actividades de competencia estatal y una gestión autonómica del 80% para programas de asistencia social. Como ha declarado Dolors Montserrat esta semana, el nuevo modelo de gestión mixta garantiza que el programa del 0,7% siga llegando a 7,3 millones de personas, “las que más lo necesitan”. Para determinar la proporción de fondos que corresponden al tramo estatal se ha tenido en cuenta cuáles son las competencias que el Estado puede ejercer en estos programas.

Por otro lado, el Ministerio y las CC AA han acordado el reparto de más de 75,8 millones de euros para  prestación de servicios sociales. Esta cantidad es la suma de diferentes programas, el más importante de ellos es el Plan de Apoyo a la Familia y la Infancia, por el que se han repartido 48 millones de euros. Este fondo es una de las medidas principales del Ministerio para la lucha contra la pobreza infantil y contra la desigualdad.

Este fondo específico de apoyo a familias en situación de pobreza o privación material, que nació en 2014, es el primero creado para tal fin. Se trata, por tanto, de una muestra del compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y del Ejecutivo en su conjunto, para ayudar a las familias que peor lo están pasando, en especial las familias con hijos menores a cargo desde una perspectiva integral y de inclusión social.

Para la distribución del fondo se ha recurrido a los criterios que rigen el reparto del Plan Concertado (factor de población, básicamente) y la propia tasa AROPE, el indicador de la Unión Europea para medir los niveles de privación material severa, pobreza relativa y la baja intensidad de trabajo por hogar.

El otro programa cuyo reparto de fondos ha aprobado hoy el Gobierno es el Plan Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, también llamado Plan Concertado, por el que se distribuyen, hasta el momento para 2017, una dotación de 27.413.730 euros.

Este Plan se dirige a las corporaciones locales para dotar servicios sociales adecuados y cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. En este caso, los programas a financiar tienen que ver con la ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción social, es decir, comedores sociales, centros de día, pisos tutelados, albergues y centros de acogida.

El Consejo ha aprobado también el reparto de los 412.500 euros destinados al Plan de Desarrollo Gitano. Esta cantidad se destinará a proyectos de intervención social integral para la prevención de la marginación e inserción de los grupos de gitanos más desfavorecidos.

Por último, se ha aprobado la dotación de 75.000 euros para Andalucía, por ser la organizadora del Congreso Estatal de Voluntariado 2017.